Ley 52018, de 11 de junio y la ocupación ilegal de Viviendas

18 Jul Ley 52018, de 11 de junio y la ocupación ilegal de Viviendas

Ley 52018, de 11 de junio y la ocupación ilegal de Viviendas

 

El Ltdo. Borja Paredes Echeandia, opina que la reciente entrada en vigor de la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de Viviendas, es un nuevo intento para que agilice la recuperación judicial de la posesión, poniendo así freno a la ocupación ilegal y no consentida de las viviendas, a fin de evitar los abusos contra el derecho a la libre posesión y la protección de la propiedad que venían produciéndose.

Con la Ley 5/2018 de 11 de junio, el legislador pretende adecuar el llamado interdicto de recobrar a la realidad social, modificando los artículos 250, 411, 437 y 444 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y añadiendo un nuevo apartado a su artículo 150, para establecer un procedimiento especial y ágil, que limite los plazos para la recuperación de la vivienda y los motivos de oposición frente a la recuperación de la misma.

La Ley 5/2018 de 11 de junio, pretende proteger el derecho de aquellos propietarios que de forma ilegal y sin consentimiento, se ven privados de su derecho a la libre posesión de sus bienes, pero esta Reforma no beneficia a todos los propietarios, sino que se aplicará cuando se trate de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla o entidades públicas propietarias o poseedoras legitimas de la vivienda.

Con la entrada en vigor el 2 de julio, la Ley 5/2018, las principales novedades son:

  • Al interponer la demanda para pedir la recuperación de la posesión, ya no será necesario identificar plenamente a los ocupantes de la vivienda, al admitirse la posibilidad de interponer la demanda frente a los ignorados ocupantes de la vivienda, a fin de identificar al receptor y demás ocupantes posteriormente.
  • Si se conoce quienes son los ocupantes, existe el deber de informar a los Servicios Públicos competentes en materia de política social, por si fuera necesaria su intervención siempre que exista un consentimiento de los interesados.
  • Si en la demanda se pide la recuperación inmediata de la posesión, se dará un plazo de 5 días, a los ocupantes de la misma, para que acrediten su título de posesión y en caso de no hacerlo, se dictará un auto que acuerde la inmediata recuperación de la posesión y el desalojo de los ocupantes, ante el que no cabrá recurso, llevándose acabo frente a cualquiera que se encuentre ocupando la vivienda.
  • Si los demandados no contestan a la demanda y se hubiera presentado el título de posesión suficiente, se dictará sentencia cuya ejecución será inmediata sin necesidad de esperar plazo alguno para su ejecución.

 

 

 

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